El vicepresidente segundo y consejero insular del Cabildo de Tenerife, Antonio Alarcó (PP), ha tachado de “imperdonable” no poder contar con un escáner en el puerto de la capital tinerfeña, ya que, tal y como explicó hoy en rueda de prensa, el Gobierno de España firmó una Ley de Comercio que obliga a que puertos como el de Santa Cruz tengan un escáner para poder cumplir con la seguridad, de manera que el Estado “no está cumpliendo con la Ley”.

El consejero ‘popular’ recordó que para poder resolver este asunto mantuvo una reunión con la secretaria de Estado de Fomento, con Hacienda y con Puertos, en la que la representante estatal se comprometió a enviar una carta a la Agencia Tributaria, que es quien tiene asumidas estas competencias, para que se tomasen las medidas inmediatas y oportunas para que el puerto de Santa Cruz pudiera tener un escáner. “Sin embargo, no he recibido dicha carta, con lo cual, es posible que no la haya hecho”, apostilló.

Alarcó explicó además que las obras ya están hechas en el puerto capitalino para la instalación del escáner, y dada la situación que existe a este respecto, señaló que el Cabildo de Tenerife se ofreció incluso a asumir este gasto, para que fuera posteriormente devuelto por parte del Estado. No obstante, incidió en que por ahora están pendientes de una segunda reunión.

“DAR SU OPINIÓN”

En otro orden de cosas, el consejero ‘popular’ se pronunció en relación al anuncio hecho ayer por el portavoz del PSC-PSOE en el Parlamento de Canarias, Santiago Pérez, acerca de una enmienda a la totalidad presentada por su grupo al proyecto de Ley Reguladora de Licencia Comercial en la que se plantea que las licencias comerciales las concedan los cabildos y no la Consejería de Comercio del Gobierno de Canarias.

A este respecto, el vicepresidente segundo del Cabildo consideró que la Corporación tinerfeña, como responsable del espacio físico, “siempre tendrá que dar su opinión en cuanto al conocimiento del terreno cada vez que un centro comercial quiera solicitar una licencia para instalarse en la isla”.

En esta tesitura, Alarcó reiteró que siempre que un centro comercial quiera desarrollar su actividad en la isla, el Cabildo “va a participar y el nivel de participación lo determinará la futura Ley de Comercio, que será debatida próximamente en el Parlamento autónomo”.

Finalmente, en cuanto a esta normativa, admitió que existen discrepancias de interpretación por parte de la Comunidad Autónoma y los grupos políticos, pero confió en que al final se aprobará en la Cámara Legislativa “una buena Ley de Comercio consensuada por todos”.