El Ejecutivo ha establecido un techo a las remuneraciones de las entidades que han recibido ayudas públicas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España, ya sea a través de créditos al 7,75%, que aún no han sido devueltos en su totalidad, o de capital.

Han recibido apoyo público a través de créditos (‘FROB 1′) Bankia, Banca Cívica, Caja Duero-España, y Banco Mare Nostrum (BMN) con el fin de llevar a cabo su integración, mientras que han sido nacionalizadas con capital público (‘FROB 2′) por problemas de solvencia Novacaixagalicia, Catalunya Caixa, Unnim y Banco de Valencia.

En el caso de las entidades con créditos públicos, queda suspendida la retribución variable y en un plazo de tres años se valorará si se han cumplido determinados objetivos de negocio de cara a restituirla, en su caso. Los derechos de pensión deberán incluirse en el tope de emolumentos establecido.

Así, la alta dirección registrará un descenso de la retribución de entre el 67% y el 65% con respecto a la prevista para el presente ejercicio, mientras que los consejeros no ejecutivos de estas entidades podrán recibir una remuneración máxima de 100.000 euros por todos los conceptos.

En el caso de las entidades intervenidas, el personal de alta dirección registrará una reducción sobre la retribución media del 76% en el caso de los presidentes, y del 66% en el de los consejeros. El Gobierno ha eliminado para estos directivos tanto la retribución variable como los beneficios de pensiones en este ejercicio.

Estas medidas se enmarcan en la reforma financiera que, entre otras medidas, exige una provisión adicional a la banca por importe de 50.000 millones de euros para sanear sus balances ante el deterioro de sus activos inmobiliarios.

Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se fijan estas limitaciones de sueldo en las entidades que han recibido aportaciones de dinero público “del mismo modo que se fijan límites a las remuneraciones para casos donde el sector público tiene actividad”.

De Guindos sostuvo que el Ejecutivo ha tomado esta decisión tras recibir el informe del Banco de España sobre dichas remuneraciones y a la luz de la situación económica tanto a escala internacional como en España, e incidió en que el techo máximo establecido a los emolumentos es “razonable”.

INFORME DEL BANCO DE ESPAÑA.

El informe del organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez ponía de manifiesto que el grado de seguimiento de las recomendaciones de retribución contenido en el decreto del FROB por parte de las entidades era “medio o bajo”.

De Guindos subrayó que el Banco de España era responsable de la vigilancia de esta directiva y que cuando las remuneraciones de los directivos no son compatibles con la base de capital el instituto emisor está facultado para limitar el total de emolumentos.

Se trata de una decisión que en este contexto “parece lógica”, que se ha adoptado “sin demagogia pero con responsabilidad”, según de Guindos, quien reconoció que es una medida que se aplica de cara al futuro, ya que “no se puede hacer nada” ante las retribuciones devengadas con anterioridad.

El Gobierno está convencido de que “su misión no es fijar los sueldos del sector privado”, pero tanto el Ejecutivo como el Banco de España consideran adecuado que las entidades de crédito que han recibido respaldo público garanticen el cumplimiento de los objetivos para los que se concedió éste, y sirvan de ejemplo a la sociedad en un momento de dificultad, argumentó el ministro.

En su último discurso como secretario general del PSOE, para presentar ante el 38 Congreso el informe gestión de su Ejecutiva, Zapatero ha reconocido que ya no le correspondía a él marcar el tono de la oposición pero ha subrayado que España vive un momento de “profunda preocupación social” y que el PSOE debe demostrar su “capacidad histórica” de hacerse cargo de los principales problemas de España.

Zapatero ha dedicado buena parte de su discurso, de más de una hora, a hacer un balance de los 11 años y medio que ha liderado el PSOE –dejando para el final la parte más personal– y a una reflexión que ha considerado necesaria en “momentos difíciles”. Empezando la autocrítica por las derrotas electorales, ha reconocido que también la de las municipales se debió a “la situación del país y lógicamente de quien gestionaba y se responsabilizaba de la situación del país”.

Con todo, se ha mostrado convencido de que sin la crisis financiera de 2008 España no habría tenido una “crisis económica tan dura” y sin la crisis de la deuda griega “seguramente” no habría tenido que adoptar las medidas de recorte que tuvo que tomar en mayo de 2010, medidas que ha vuelto a justificar porque salvaron a España de ser intervenida.

Sin embargo, ha reconocido que al margen de esos acontecimientos internacionales la economía española ya tenía debilidades y también el hecho de haber tardado demasiado en admitir que había crisis. Pero, como en otras ocasiones, se ha justificado en que se le exigía algo “que casi nadie fue capaz de hacer, vaticinar una de las crisis más dura desde la gran depresión”. “Pero como fue verdad lo he reconocido no tengo ningún pro lema solemnizarlo ante vosotros”, ha rematado.

Zapatero ha justificado estos últimos meses apuntando que ya cuando fue elegido, en el 35 Congreso, dejó claro que pondría los intereses del país por encima de los del partido y ha defendido que sus prioridades fueron siempre evitar el “colapso” financiero y, además, mantener la cohesión social.

SU GOBIERNO TUVO UN CAMPO DE JUEGO HOSTIL

Todo ello, ha remachado, en un “campo de juego” hostil, con una “oposición sin concesiones, una minoría parlamentaria y una Europa lenta que no fue capaz de resolver a la primera la crisis griega y por ir con paños calientes permitió que se produjeran otras crisis de deuda soberana”. Hubo errores, ha reconocido, pero entre ellos no estuvo el de la “improvisación”, sino que se dio respuesta en cada momento de las circunstancias y manteniendo la cohesión social.

En ese contexto, ha concluido que a lo que los ciudadanos dieron la espalda en las urnas fue a la “capacidad” del Gobierno socialista para “combatir la crisis” y optaron por el PP para ver si “podría afrontar ese combate”, “cambiando el gobierno para intentar cambiar la realidad” porque así “es como funciona la democracia”.

Para Zapatero, de esta crisis los países occidentales deben aprender la lección de que tendrán que esforzarse por competir con los emergentes, la UE la de que tiene que hacer una “apuesta de mayor unidad y proyecto político” y España que no podrá salir de la crisis con el mismo sistema económico.

Pero además, ha advertido de que España necesita “recuperar ideales colectivos” como los tuvo en la transición a la democracia porque ahora los españoles son capaces de “discutir por casi todo”, hasta por el Quijote. En ese punto, ha relatado una conversación con el expresidente Felipe González el día en que todos los exjefes del Ejecutivo, salvo Adolfo Suárez, acudieron a la entrega del Toison de Oro a Nicolas Sarkozy. González, según ha dicho, le preguntó si esa unidad de todos hubiera sido posible en torno a un homenajeado de la política nacional.

HA RECIBIDO ATAQUES “HASTA EN LA CEJA”

A juicio de Zapatero, ese ideal colectivo debería estar en torno a la cultura española, un “objetivo que puede ser compartido con todos”, a pesar de que él ha recibido ataques “hasta en la ceja”, ha bromeado, por haber apoyado a este sector.

El expresidente ha hecho un repaso de sus logros, especialmente en materia de derechos civiles y sociales, ha considerado cumplidos los compromisos que adoptó en ese sentido cuando fue elegido líder del PSOE en el 2000. Incluso ha recordado a los suyos que entonces se pronunció a favor de la limitación de mandatos y dijo que predicaría con el ejemplo, de modo que no tenía por qué haber sorprendido tanto su paso atrás en 2011.

SATISFACCIÓN POR EL FIN DE ETA

Y ha tenido también palabras de reconocimiento especial para los socialistas vascos en el momento de decir, aunque fuese “en voz baja”, que los socialistas tienen que sentirse “satisfechos” porque “es muy probable que nunca más vuelva a haber una muerte a manos de ETA”. Zapatero ha tenido un recuerdo para Isaías Carrasco, exconcejal del PSOE asesinado por la banda en la campaña electoral de 2008 y ha afirmado que “lo más gratificante ha sido ver a los compañeros y compañeras de Euskadi aguantar, no descansar, no dejar de soñar, por alcanzar el fin de la violencia”.

Como presidente del Gobierno, ha subrayado que apoyó a “todos los que han trabajado en esta tarea, de manera permanente, a los que de una u otra manera han buscado la paz”. “Por la convivencia en Euskadi, por su futuro, por eso que tanto hemos sentido tan de cerca, por eso por lo que hemos dejado tanto en el camino, compañeros de Euskadi mi reconocimiento, mi gratitud para siempre”, ha rematado.

¿CRISIS DE LA SOCIALDEMOCRACIA?

Zapatero ha tenido palabras además para quienes hablan de crisis de la socialdemocracia, no siempre con buenas intenciones, proclamando que los valores socialdemócratas no están en crisis, sino que se extienden por el mundo -ha puesto como ejemplo las revoluciones árabes– y que lo que sí tiene que hacer el PSOE es una “adecuada comprensión” de los cambios tecnológicos y económicos, para interiorizarlos y “liderarlos”.

En estos 11 años, considera que ha defendido “con vigor”, incluso dejándose “algún jirón”, la “autonomía plena” del PSOE y de su proyecto político ante cualquier interés. Igualdad de género, matrimonio homosexual, ley de la dependencia, apoyo a la investigación avanzada son algunos de los compromisos que ve cumplidos, y también el haber dirigido el partido con “dialogo y tolerancia”.

Zapatero ha recordado cómo él proclamó que “nadie sobra” en el partido pero también ha agradecido la “enorme lealtad” que él ha recibido, “seguramente el caudal más grande de apoyo” que ha tenido un líder del PSOE. “Qué bien se trabaja así”, ha dicho agradecido, en un tono que ha impregnado la mayor parte de su discurso.

El mandato negociador “no hace referencia” a la ex colonia española, según han informado fuentes europeas a Europa Press, sino que introduce una “descripción geográfica” de las regiones cubiertas por el acuerdo y que, por tanto, deben beneficiarse de las ventajas que ofrece el pacto.

El texto sí exige a Rabat garantías del “pleno cumplimiento de sus obligaciones en línea con el Derecho internacional”, han explicado las fuentes, que añaden que Reino Unido y Suecia han votado en contra del mandato y otros países, como Alemania e Irlanda, han expresado reservas.

En cualquier caso, durante una reunión a nivel de embajadores en Bruselas, los Veintisiete han sumado una mayoría suficiente para respaldar la posición negociadora que deberá ser respaldada formalmente por el Consejo en una próxima reunión de ministros europeos. Para que Damanaki retome las negociaciones necesita también el visto bueno del Parlamento Europeo.

El juez imputa también por el mismo delito al último director general de la empresa turística, Iván Losada, representante de la sociedad Posibilitum Business, propiedad del empresario experto en quiebras Ángel de Cabo, que adquirió la compañía en junio de 2010 y que también ha comprado Nueva Rumasa a la familia Ruiz-Mateos.

El primero en declarar como imputado por esta causa será Pascual, que está citado para el próximo 21 de febrero. Al día siguiente acudirá Díaz Ferrán, y el 23 está citado a comparecer Losada. El juez identifica a 4.706 perjudicados por los presuntos delitos.

El Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional admite así a trámite la querella presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional al considerar que los delitos “afectan a una generalidad de personas” en territorios de varias audiencias”.

El fiscal concluye en su querella, a la que tuvo acceso Europa Press, que “los responsables de la agencia de viajes se apropiaron indebidamente de las cantidades entregadas por los clientes para la adquisición de billetes”, un delito tipificado en el artículo 252 del Código Penal.

El fiscal Daniel Campos acusa a todos ellos de provocar el vaciamiento patrimonial de la empresa, en perjuicio de los acreedores de la compañía, cuyo concurso de acreedores lo tramita el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid. El grupo Marsans está pendiente de liquidación y la juez del concurso tiene previsto dictar sobre la culpabilidad concursal de todos ellos el próximo mes.

En enero de 2009, Pedraz ya archivó una querella presentada por nueve asociaciones de consumidores contra Díaz Ferrán y Pascual por vender billetes de Air Comet cuando ya estaba en quiebra.

La reunión bipartita celebrada este jueves a última hora de la tarde finalizó sin acuerdo, por lo que la compañía elevó al Ministerio de Fomento su propuesta de servicios mínimos, han informado a Europa Press fuentes del Sepla.

La compañía aérea presidida por Antonio Vázquez y sus pilotos, agrupados en este sindicato, tampoco llegaron a acuerdos en los servicios mínimos en las siete jornadas de huelga previas que comenzaron en diciembre (días 18 y 19) y continuaron en enero (9, 11, 25, 27 y 30), por ello, Fomento los ha fijado hasta el momento.

En las anteriores jornadas de huelga los servicios mínimos cubrieron todos los vuelos entre la Península y las islas, Canarias y Baleares; el 50 por ciento de los vuelos nacionales cuyo tiempo de viaje sea superior a cinco horas y el 25 por ciento de los vuelos peninsulares inferiores a cinco horas, y el 50 por ciento de los vuelos con ciudades extranjeras de menos de seis horas.

Así, expresan en la carta a Pastor que la cuota de mercado español que deja la compañía “está en una horquilla del 22%”, y que será asumida por compañías como Iberia, Vueling o Ryanair, entre otras, si no se produce la “subrogación de los trabajadores en todos sus colectivos”. “No queremos indemnizaciones, queremos trabajar”, destacan.

Piden a la Ministra que “se ponga la misma cordura que en su día se tuvo con los trabajadores de Air Madrid –compañía que anuncio su cierre en diciembre de 2006–, los cuales fueron subrogados casi en su totalidad a la extinguida Air Comet”. “Esto fue posible gracias a la intervención directa del Ministerio de Fomento, el cual tuvo mucho que ver en dicha recolocación”, remarcan.

Además, los trabajadores expresan una “profunda repulsa” a cómo se ha producido el cierre de la compañía y consideran que “la Generalitat de Cataluña –accionista de Spanair– deberá o debería responder como responsable subsidiaria”.

“Los trabajadores no cejaremos en cuantas respuestas sean necesarias hasta conseguir que se nos dé una solución al problema”, avisan. La representante sindical de los trabajadores de Newco por parte de UGT, María Teresa González Martínez, sostuvo en declaraciones a Europa Press que “se está negociando el ERE sin contar con el comité de empresa”, incumpliendo así el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores.

“Hay responsabilidades y las tienen que asumir”, añadió la representante, quien exigió que se les incluya en el ERE.

“DONDE ESTÁ FOMENTO, ESTE ES EL MOMENTO”.

Los manifestantes llegaron al Ministerio tras una pancarta que rezaba ‘Queremos trabajar, solución ya’, y coreando consignas como “No queremos paro, queremos trabajar”, y “Dónde está Fomento, éste es el momento”.

Por su parte, Agustín, un trabajador de Spanair muestra su indignación al decir que no tienen ninguna documentación para pedir la prestación por desempleo. “No tenemos nada, ningún documento para pedir el paro; estamos en el limbo”.

El ERE de Spanair afectará a un total de 2.604 trabajadores, de los que 2.343 estaban en activo en el momento del cierre, según ha informado a Europa Press la aerolínea catalana.

Concretamente, en el total de la plantilla hay 967 tripulantes de cabina, 401 pilotos, 488 trabajadores de rampa –carga y descarga de maletas–, 175 empleados de servicios de atención al pasajero –en oficinas de venta en aeropuertos y ‘call centers’–, 194 mecánicos de aviones, y 379 empleados de las oficinas de servicios generales.

Antes de viajar mañana a Sevilla para acudir al 38 Congreso Federal del PSOE que decidirá entre él y Carme Chacón, Rubalcaba ha celebrado su último acto público con feministas cercanas al partido. Con ellas se ha comprometido a que, si gana, el PSOE sea “un refugio de las organizaciones feministas”, en un momento en el que, con sólo unas pocas semanas de Gobierno del PP, se está están demostrando que hay “un grave riesgo de pérdida de derechos civiles de las mujeres”.

El exvicepresidente ha comparecido ante los periodistas acompañado de la filósofa Amelia Valcárcel, con la que fuera su jefa de campaña electoral, Elena Valenciano; y una de las portavoces de su campaña y diputada por Murcia, María González.

Conforme a su propósito de “predicar con el ejemplo”, se ha comprometido a promover la Secretaría de Igualdad de la dirección del partido, poniendo alguien “políticamente fuerte” al frente, pero además dotándola de “medios suficientes” y situándola alto en el organigrama.

No obstante, no adelantará los nombres de quienes conformarán su equipo antes de saber si será secretario general, porque quiere contar “con cuanta más gente mejor” y para eso hay que ver “cómo se desarrolla el Congreso”.

Sobre la posibilidad de que en ella tenga un puesto el líder de los socialistas vascos, Patxi López, se ha mostrado cauto avisando de que López “es el ‘lehendakari’ de todos los vascos y eso es lo que le ocupa y le preocupa”. No obstante, ha insistido en que a López le quiere “especialmente”, como a un “gran político, gran socialista, gran compañero”. “Tómenlo como lo que es, como una declaración de amor político”, ha resumido.

“VEREMOS PRONUNCIAMIENTO DE TODOS”

El exvicepresidente ha asegurado que no le preocupa que cinco de los ocho secretarios provinciales andaluces se haya inclinado a favor de Chacón, porque está convencido de que hasta el sábado se verán “pronunciamientos de todo tipo”.

Es más, ha dejado claro que le parece bien que cada uno se pronuncie a título individual –como ha hecho esta mañana, a su favor, el secretario de Jaén–, pero no que alguien presuma la intención de voto de otros delegados. Según ha dicho, varios delegados le han dejado claro que eso “les molesta profundamente” y que por eso ha pedido a sus colaboradores que no lo hagan.

Finalizada la campaña, se ha declarado “tranquilo” y “esperanzado”, además de “orgulloso” de su partido porque, según ha dicho, en todos los sitios que ha visitado ha comprobado que el PSOE no está “de brazos caídos”. “El partido está vivo, tenemos mucho trabajo por delante y el partido está con las manos levantadas y con ganas de trabajar, es lo que he visto, vamos a salir de la campaña mucho más cerca de los ciudadanos de lo que entramos”, ha añadido.

“VIENEN TIEMPOS DIFÍCILES PARA LAS MUJERES”

Tras su reunión con este grupo de feministas, Rubalcaba se ha comprometido a “confrontar con la derecha” por la reforma de la ley del aborto y la posibilidad de que la píldora del día después vuelva a dispensarse con receta, cuando ha resultado ser un “remedio eficaz contra una de las mayores desgracias” que le puede pasar a una persona, un embarazo adolescente no deseado.

“Desgraciadamente parece que vienen tiempos difíciles para las mujeres en nuestro país y el PSOE no va a dejar que las organizaciones feministas que tanto han contribuido a la igualdad se queden a la intemperie”, ha manifestado.

Rubalcaba dio su apoyo a un manifiesto que este grupo de mujeres promovió a principios de enero para poner por escrito sus peticiones a quien sea el próximo secretario general. Una de sus promotoras, Amelia Valcárcel, ha reconocido la disposición del aspirante para conocer y comprometerse con sus reivindicaciones, “en un momento complicado para las libertades civiles conseguidas por las mujeres en los últimos años”.

Según ha reconocido el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Patricio Martínez, “los gobernantes son corresponsables” de haber llegado a la situación actual que se vive en muchas comunidades, donde “está en peligro la calidad asistencial por culpa de un aumento de las listas de espera, la suspensión de quirófanos por la tarde y de equipos de Urgencias en Atención Primaria”.

Además, recuerda que en los últimos dos años los médicos han perdido más del 20 por ciento de sus retribuciones.

El problema, añade el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, es que ante esta situación tienen “son los médicos los que tienen que dar la cara ante los pacientes” cuando, según denuncia, “nadie les ha explicado lo que está pasando”.

A su juicio, “estos recortes afectan a la vida de la gente y, en muchos casos, no hay marcha atrás”, ha asegurado, lamentando que “no haya “ninguna propuesta de cambio estructural”.

“Lo único que observamos son tentaciones de adelgazar el sistema público, con lo que supone de aproximación a necesidades de privatizar parte de la respuesta que precisan los ciudadanos (…) Todo lo que sea minimizar, desprestigiar, aumentar la lista de espera para que el ciudadano que pueda se vaya a otro lado no lo vamos a consentir. No estamos dispuestos a que haya una medicina de ricos y otra de pobres”, ha aseverado.

Esta situación también está desincentivando a los futuros médicos, tanto a los que están en las facultades como los que están ya haciendo el MIR, según ha reconocido Fernando Rivas, vocal de residentes de la OMC, que advierte de que “cualquier recorte de ahora afecta a la formación de los médicos del futuro”.

Además, añade la secretaria general del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, Blanca Ibarra, esto hace que el 32 por ciento de los médicos que terminan su formación en España vaya a otros países a buscar trabajo.

Por todo ello, el presidente de la OMC reclama a las autoridades sanitarias una explicación sobre cómo se va a hacer frente a la refinanciación de la deuda sanitaria y, al mismo tiempo, que se cuente con los profesionales para informarles de las medidas adoptadas y poder participar en la toma de decisiones.

APOYO A UN POSIBLE PACTO…QUE “ABURRE A SENDÍN”

Asimismo, el Foro de la Profesión Médica también ha reclamado la constitución de un Pacto de Estado de forma “urgente y despolitizado”, en relación a lo anunciado por la ministra de Sanidad, Ana Mato, en el Congreso. No obstante, el presidente de la OMC admite que el anuncio de dicho acuerdo es “aburridísimo”.

“A ver si le cambiamos ya la palabra porque ya es indignante lo del pacto. Qué podemos hacer cuando estos señores de enfrente (refiriéndose al Congreso de los Diputados), que adolecen de una extraordinaria responsabilidad, no se ponen de acuerdo para tomar soluciones”, ha reclamado.

Según Rodríguez Sendín, el pacto es “necesario” porque la Constitución establece que “todos somos iguales” y, sin embargo, esto es “imposible” cuando el presupuesto per cápita destinado a sanidad varía hasta en un 70 por ciento entre unas comunidades y otras, ha recordado.

Según informaron fuentes jurídicas a Europa Press, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha solicitado a la Unidad de Investigación Policial Tecnológica que proporcione al juzgado una copia de todas las comunicaciones mantenidas por los controladores para investigar el abandono masivo de sus puestos trabajo.

Las conversaciones telefónicas interiores y exteriores del Centro de Control de Torrejón de Ardoz y de las distintas torres del control aéreo de Madrid quedan grabadas automáticamente y a disposición de AENA, que es quien tiene la responsabilidad de la custodia de esta material.

Además, la juez también ha ordenado la inspección ocular de la Sala de Control del centro de Torrejón de Ardoz y de las torres por parte de la Brigada Provincial de Información para recoger el material necesario para la investigación. Esta inspección tendrá lugar en los próximos días.

De esta forma, prosigue el proceso penal abierto por este juzgado para investigar el ‘plante’ de los controladores aéreos promovido por el despacho Cremades & Calvo Sotelo que representa a más de 15.000 afectados.

Los controladores aéreos abandonaron sus puestos de trabajo durante la tarde del 3 de diciembre de 2010, tras la aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto que modificaba sus condiciones de trabajo, alegando bajas médicas. Esto provocó el cierre del espacio aéreo español y el decreto del estado de alarma por parte del Gobierno, lo que se saldó con miles de pasajeros afectados.

Así lo ha explicado a Europa Press un portavoz del Ejecutivo gibraltareño, en respuesta a la propuesta hecha por el nuevo Gobierno del PP, que ha certificado el fin de las reuniones “tripartitas” del Foro de Diálogo, pero abre la puerta a proseguir la cooperación regional incluyendo en el Foro a “autoridades regionales españolas”.

“El Gobierno de Gibraltar apoya el Foro Trilateral y está dispuesto a tratar todos los temas de cooperación dentro de él”, ha manifestado un portavoz del Ejecutivo que dirige Fabian Picardo.

El Ejecutivo gibraltareño no ve problema en que a las reuniones del Foro asistan representantes de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar porque, explica, “quién compone la delegación española es un asunto del Gobierno español”.

De la misma forma, añade, compete a Reino Unido establecer su delegación “y naturalmente el Gobierno de Gibraltar decidirá quién forma su delegación”.

El Foro de Diálogo se creó en 2004 tras la llegada de los socialistas a La Moncloa, que accedieron a que el Gobierno de Gibraltar se reuniera con los Ejecutivos británico y español en la misma mesa, pero con delegación y voz propia, una concesión que el PP siempre criticó.

El objetivo del Foro era avanzar en asuntos de cooperación local, dejando a un lado la cuestión de la soberanía que, en opinión de España, sólo pueden hablar Madrid y Londres.

Entre los acuerdos alcanzados por este marco de cooperación destaca el del uso conjunto del aeropuerto –situado en el istmo, territorio ocupado ilegalmente por Londres puesto que no se cedió en el Tratado de Utrecht– o la decisión de abrir un Instituto Cervantes en el Peñón.

BLOQUEADO DESDE 2010

El Foro lleva bloqueado desde finales de 2010, cuando la entonces jefa de la diplomacia española, Trinidad Jiménez, lo apartó de sus prioridades en un momento en que el Gobierno de Gibraltar que dirigía Peter Caruana insistía en introducir el tema de la soberanía en las discusiones del foro, según denunciaba España.

Con la llegada al PP al Gobierno, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha fijado posiciones.

Ha reclamado a Londres reanudar las conversaciones sobre soberanía –congeladas desde 2002– y ha denunciado que la negativa británica a reanudar esas negociaciones sin el consentimiento de Gibraltar contraviene el Tratado de Utrecht y el Proceso de Bruselas, el marco bilateral creado por los dos países en 1984 para avanzar en el contencioso.

En paralelo, ha ofrecido proseguir la cooperación regional pero no con el modelo de las reuniones tripartitas, sino ampliando el Foro a “autoridades regionales españolas”, tal y como ayer trasladó al secretario de Estado británico para Europa, David Lidington, de visita en Madrid.

El departamento que dirige García-Margallo se ha comprometido a enviar al Foreign Office una propuesta formal para modificar el formato del actual marco de cooperación regional.

En rueda prensa para valorar los datos del paro de enero, Hidalgo ha añadido que, por tanto, las partidas destinadas en los Presupuestos a la cobertura del desempleo se mantendrán o se incrementarán si hace falta.

Preguntada por si se llegará a los seis millones de parados, no ha querido hacer predicciones y ha dicho que no tiene “una bola de cristal”, pero ha mostrado su “deseo” de que no se alcance esa cifra.

Por otro lado, ha señalado que la reforma laboral que prepara el Gobierno está “más justificada” que nunca, a lo que ha añadido que el Ejecutivo “valora muchísimo” el acuerdo alcanzado por los agentes sociales sobre negociación colectiva, pero “el mismo respeto o más merecen” los 5,3 millones de parados. “Haremos lo que tengamos que hacer”, ha sentenciado.

Fernández Díaz ha sido preguntado en concreto por unas declaraciones suyas en su comparecencia del martes en el Congreso en las que aseguró que este asunto se abordaría “con altura de miras y sentido de Estado.” En ese sentido, ha defendido la estrategia de cumplir todas las previsiones del ordenamiento jurídico y la ley penitenciaria “y ayudar a aquellos presos de ETA que quieren acogerse a los beneficios”.

En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha llegado a decir que su Ministerio va “impulsar la denominada ‘vía Nanclares’” puesta en marcha por el pasado Gobierno socialista y que consiste en agrupar en la cárcel alavesa de Nanclares de la Oca a los presos de la banda que de manera contrastada y mediante un escrito manifiestan su ruptura con la organización criminal y piden perdón a las víctimas. Actualmente en ese penal hay entre 20 y 30 internos que han renegado de la banda dentro de los cerca de 550 presos de ETA repartidos por cárceles españolas.

“Como sabemos que ETA está actuando sobre el Colectivo de Presos de manera muy fuerte para evitar que se acojan a la reinserción que pasa por pedir perdón, vamos a ayudarles a los que están dispuestos a ese tránsito y facilitarles ese tránsito, lo que se llamó la ‘Vía Nanclares’, eso lo vamos a impulsar”, ha explicado el ministro quien ha reiterado que “el mayor enemigo de los presos de ETA es ETA”.

“A ESOS LES VAMOS A LLEVAR”

Según ha dicho, el Ejecutivo está dispuesto a acercar a los presos “que se arrepientan y muestren voluntad de reinserción, pidan perdón, renieguen de su actividad terrorista y muestren voluntad de no seguir perteneciendo a una banda”. “A esos les vamos a llevar”, ha zanjado al tiempo que ha añadido que “lo que no se puede hacer, porque sería ir en contra de la Ley, es hacerlo con personas que no se han arrepentido”.

Además ha replicado la actual campaña en contra del alejamiento y les ha reprochado que sólo lamentan esta situación cuando están en prisión, pero no cuando están en la clandestinidad. “Hay un plus de pena para las familias, eso no se lo plantean ellos cuando están en la clandestinidad, sólo cuando están en prisión porque es una actuación política”.

En último recurso, ha añadido, no sería “dramático” recurrir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada ‘hucha de las pensiones’.

En rueda de prensa tras conocerse los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de enero, Burgos no ha ocultado que la sangría del empleo esta haciendo mella en los ingresos del sistema.

No obstante, los afiliados registraron en enero un descenso de 283.684 personas, hasta los 16.946.237 trabajadores, la cifra más baja desde enero de 2004, cuando se registraron 16.930.760 afiliados.

“Es un periodo complicado para los ingresos del sistema, también por la situación que viven las administraciones públicas y las empresas”, ha añadido, para apostillar que “hay que estar atentos a los indicadores de ingresos”.

Dicho esto, ha señalado que “a corto plazo”, el Gobierno no contempla recurrir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social para pagar las pensiones, pero ha asegurado que si hubiera que hacerlo sería “el recurso final” y no debería interpretarse “con dramatismo”, puesto que está para eso.

Antes de eso, Burgos ha planteado seguir avanzando en la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social y en culminar el proceso para que los Presupuestos se hagan cargo de los complementos a mínimos, que supusieron un coste de más de 4.000 millones de euros al sistema en 2011.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, Rubalcaba se ha mostrado convencido de que Bruselas acabará aceptando lo que le están diciendo el FMI, Estados Unidos o Brasil, que necesita estimular el crecimiento, pero es consciente de que “tardará” en cambiar de opinión. “Tardará porque son tozudos y cada mes que tarde será desempleo”, ha alertado.

El también presidente del Grupo Parlamentario Socialista apoyaría “absolutamente” al Gobierno si pide a Bruselas un cambio del calendario de cumplimiento de déficit, es más, cree que está haciendo “un favor” al Ejecutivo de Mariano Rajoy al reclamarlo, porque él, desde la oposición, puede hablar “con más claridad” que el ministro de Economía.

“TOZUDEZ DE ALEMANIA”

Con esa claridad, ha advertido de que la estrategia de ajuste drástico está llevando a Europa “a la ruina”, “eso y la tozudez de Alemania”, y además, como están alertando otros países, al ser Europa un actor de peso en la economía mundial puede acabar dañando a todo el mundo.

Después de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, advirtiese el miércoles de que España no podrá cumplir el compromiso de reducir el déficit al 4,4 por ciento este año, ha insistido en que “el debate de fondo es que ese ajuste no se puede mantener” porque “el dato de empleo demuestra que la economía estará parada y con una economía parada no se puede seguir ajustando y ajustando”. “Eso está en los manuales de primero de economía”.

Aludiendo a las “contrarreformas” en asuntos sociales anunciadas por el Gobierno, ha vaticinado que cuanto peor esté la economía más recurrirá el Gobierno a la “ideología”, aunque no ha llegado a tacharlo de estrategia para que no se hable de la crisis económica.

A su juicio, más bien, la explicación está en las palabras de Rajoy ayer cuando recibió a Artur Mas -”vivo en el lío”–. “Rajoy decía que tenía un plan, pero sólo tenía uno, llegar a la Moncloa y a partir de ahí lo que tiene es un lío”, ha resumido.

Rubalcaba ha afeado especialmente a Rajoy que esté adoptando medidas económicas que “negaron” expresamente en campaña electoral, incluso en el Debate de Investidura cuando Rajoy siguió negando una subida de impuestos.

CREE QUE SUBIRÁ EL IVA

Es más, considera que el Gobierno tenía que hacer ahora “un primer ajuste” porque “no puede perder dos o tres meses” pero que habrá más en los Presupuestos, y que éstos los está demorando para no perjudicar al PP en las elecciones andaluzas.

En esos Presupuestos, el dirigente ha vaticinado que Rajoy aprobará una subida del IVA y ha dejado claro que él no es partidario, sino que apostaría más bien por modificar el impuesto de sociedades para que paguen más las grandes empresas que ahora se benefician de muchas deducciones, y también un impuesto a las grandes fortunas.

La reforma financiera que ultima el Ejecutivo obligará al conjunto de la banca española a provisionar un total de 50.000 millones de euros tanto por sus activos inmobiliarios problemáticos, cifrados en 176.000 millones de euros por el Banco de España, como por aquellos que aún no se han deteriorado (150.000 millones).

En una nueva vuelta de tuerca en los cambios del sector para intentar que el crédito fluya con normalidad, el Gobierno podría obligar a la banca a realizar saneamientos preventivos por su exposición al sector inmobiliario y a hacer frente con provisiones a eventuales pérdidas que podrían derivarse de préstamos actualmente al corriente de pago, informaron a Europa Press en fuentes conocedoras del proceso.

De esta forma, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiere que las entidades financieras estén preparadas para cubrir un futuro deterioro del mercado inmobiliario y despejar las dudas de los inversores internacionales.

El nuevo plan de reestructuración financiera podría también contemplar un tratamiento más flexible a aquellas entidades que emprendan procesos de integración con otras, ya que su plazo para constituir dichas provisiones se podrá dilatar hasta dos años.

Las entidades que se fusionen también podrán acceder a préstamos de fondos públicos a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a un tipo de interés que rondará el 8%, de forma similar a la de la primera oleada de integraciones.

Así pues, las entidades financieras podrían elegir entre la posibilidad de cargar las mayores exigencias de provisión sobre beneficios o sobre el capital para sanear sus balances ante el deterioro del sector inmobiliario.

El Gobierno quiere acelerar el saneamiento del sector financiero para recuperar la confianza de los mercados internacionales y relajar el coste de la financiación exterior sin que el conjunto del sistema entre en ‘números rojos’.

Considera que el abaratamiento de la financiación en los mercados mayoristas permitirá reactivar el crédito a empresas y hogares y la actividad económica y, de esta forma, frenar la sangría del paro.

El presidente de Banco Popular, Ángel Ron, advirtió ayer de que la reforma financiera que el Gobierno prevé aprobar no puede permitirse el “lujo” de sostener entidades “zombies” a costa del dinero del contribuyente. Y consideró que los problemas del sector no proceden de una falta de capital ni de tamaño, sino de un modelo de negocio.

La pérdida de afiliados en enero, la sexta consecutiva, es superior a la registrada en igual mes de 2011, cuando el sistema experimentó un descenso de cotizantes superior a las 223.000 personas. En términos interanuales, la Seguridad Social redujo su número de cotizantes en 415.601 (-2,4%).

Según ha informado este jueves el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los datos de afiliación de enero están sujetos a revisión, una vez finalizado el cómputo estadístico correspondiente a la integración en el Régimen General de los afiliados procedentes de los Regímenes Especiales Agrario y de Empleados de Hogar.

Así, en enero se registró un descenso medio de afiliados de 243.528 para el Régimen General (-1,88%), hasta los 12.929.822 afiliados. No obstante, a ellos hay que añadir los 861.946 procedentes del Régimen Agrario y los 11.398 incorporados desde el antiguo Régimen de Empleados de Hogar, lo que arroja un total de 13.559.638 ocupados.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha subrayado que este mes siempre ha sido negativo para la afiliación a la Seguridad Social, y aunque ha reconocido que la caída de enero ha sido menor a la del mismo mes de 2009, en que cayó 349.569 ocupados, ha sido mayor que en los meses de enero de 2010 y 2011.

Para el secretario de Estado, “la intensa pérdida de afiliación de este mes refleja el efecto arrastre de la evolución de los meses anteriores”.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) se situó al finalizar enero en casi 4,6 millones de personas, tras subir en el mes en 177.470 desempleados, con un aumento porcentual del 4% respecto a diciembre, informó hoy el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En concreto, el volumen total de parados alcanzó a cierre del pasado mes la cifra de 4.599.829 desempleados, su nivel más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 1996. En términos interanuales, el paro aumentó en enero en 368.826 personas, un 8,7% más.

La subida del desempleo en enero ha sido superior a la experimentada en el mismo mes de 2011, cuando el paro aumentó en 130.930 personas, y es además el segundo repunte más elevado en un mes de enero de toda la serie histórica tras el de 2009 (+198.838 desempleados).

La subida de enero es la sexta consecutiva tras las de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, cuando 51.185, 95.817, 134.182, 59.536 y 1.897 personas más se sumaron a las listas de parados.

La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha subrayado que los datos del paro de enero ponen de manifiesto que las reformas laborales puestas en marcha por el Ejecutivo socialista “no han evitado que el despido sea el principal mecanismo de ajuste ante la caída de la demanda”.

En este contexto, Hidalgo afirma que una reforma laboral como la que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy “está más que justificada” para poder devolver la confianza a trabajadores y empresarios y para que el despido “sea el último recurso”.

Según los datos de Empleo, el paro subió en enero en ambos sexos, aunque más entre las mujeres, con 98.815 nuevas paradas (+4,5%), frente a un incremento del desempleo masculino de 78.655 hombres (+3,5%), situándose el total de mujeres en paro en 2.311.436 y el de varones, en 2.288.393.

Por sectores, el paro subió en enero en todos ellos, especialmente en los servicios, con 132.581 desempleados más (+5%). En la construcción se registraron 16.347 parados más (+2,1%), en la industria subió en 15.105 desempleados (+2,9%), en el colectivo sin empleo anterior repuntó en 7.155 personas (+15%) y en la agricultura aumentó en 6.282 desempleados (+4,3%).

En cuanto a la contratación, en enero se registraron en el Inem un total de 1.038.601 contratos, casi un 7% menos que en enero de 2011. De ellos, 75.899 eran indefinidos, cifra equivalente al 7,31% del total y un 26,1% inferior a la del mismo mes de 2011.

“Aquí tramitamos por vía judicial muchos asuntos que tendríamos que resolver de forma distinta. Esa va ser una de las primeras medias que vamos a hacer a través de una ley de mediación y una ley de jurisdicción voluntaria”, ha confirmado en una entrevista en la Cope, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha explicado que no tiene sentido que, por ejemplo, dos personas que se quieren divorciar “de mutuo acuerdo”, que sólo necesitan “una constatación de ese acuerdo para luego ser ejecutado”, no puedan “formalizar” directamente su divorcio “ante un notario y que se tenga que iniciar un expediente judicial”.

“Lo  mismo le digo con relación al matrimonio. De la misma forma que los alcaldes pueden autorizar matrimonios, ¿porque la única alternativa es llevarlo ante los funcionaros al Registro Civil y no podemos permitir que un notario autorice un matrimonio o divorcios”, se ha preguntado.

De esta forma, Ruiz-Gallardón ha explicado que la reforma permitirá que “muchos asuntos que en estos momentos están atascados” se resuelvan más rápidamente, siempre “con plena garantía para los ciudadanos, ante otros organismos”. “España es un país que tiene un grado de religiosidad muy superior a la media europea”, ha criticado.

“Hay un enorme campo que en estos momentos está atrasando los Tribunales que podemos llevar a una mediación, a una jurisdicción voluntaria”, ha señalado, pare defender que España puede estar “orgullosa” de su sistema notarial porque ofrece “seguridad jurídica”. “Lo que tenemos que hacer es encargarles a esas personas muchas tareas que en este momento están colapsando los tribunales”, ha apuntado.

Así lo ha asegurado la titular de Sanidad durante su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la que ha negado que vaya a tomar medidas por cuestiones “ideológicas, morales o éticas”. “Esto es un tema de salud pública”, ha asegurado.

En este sentido, Mato se ha mostrado preocupada por los efectos de este medicamento en mujeres jóvenes que “todavía están en edad de desarrollo”, a quienes “una píldora de estas características puede causarle algunos problemas”.

La ministra no ha precisado a quién ha encargado dicho informe ni cuándo obtendrá los resultados, pero ha asegurado que “en cuanto los tenga” dará detalles sobre si se seguirá manteniendo su financiación, autorizada por el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Por otro lado, y después de que varios grupos le hayan preguntado al respecto, Mato ha utilizado su segundo turno de intervención para hablar de la modificación de la ley del aborto y avanzar que impulsará medidas de apoyo para evitar que las mujeres “se enfrenten a una situación tan dramática como es decidir si abortar o no”.

La modificación de la norma, según ha reconocido, se “para defender el derecho a la vida en los términos que dicte la sentencia del Tribunal Constitucional, y también en el sentido de garantizar que las niñas menores tengan el apoyo de sus padres a la hora de enfrentarse a una situación tan dramática como enfrentarse al aborto”.

En este sentido, ha avanzado que su departamento lanzará un plan para jóvenes embarazadas y para concienciar de que “existen más opciones”. “Hay métodos que impiden quedarse embarazada, y también hay otras medidas de apoyo para evitar que una persona tenga tomar una decisión así”, ha asegurado.

Por otro lado, Mato ha defendido que el Pacto por la Sanidad que promueve “debe ser como el de las pensiones”, y que la ley de servicios básicos que impulsará “no va a conllevar ningún recorte de prestaciones”, sino que aportará “garantías y unos criterios mínimos de calidad”.

Además, ha reconocido que este pacto también servirá para “buscar una solución a la deuda “sin menoscabo de las atenciones que se les prestan a los ciudadanos”, y ha pedido a las comunidades que den “prioridad” al pago de la deuda a proveedores sanitarios.

“Todos hemos oído muchas ideas y muchas propuestas, pero lo que se trata es de buscar las mejores siempre que no haya perjuicio para los ciudadano”, ha insistido.

Mato también ha insistido en su defensa de un sistema sanitario “público y gratuito” y ha lamentado que “el tema de la privatización sea siempre recurrente”. No obstante, ha matizado, “a la persona que va al medico no le preocupa que quien le atiende sea funcionario o no, sino que le atienda con calidad”.

LOS GRUPOS ECHAN EN FALTA MEDIDAS “MÁS CONCRETAS”

Durante la comparecencia, la ministra ha recibido críticas y propuestas por parte de todos los grupos parlamentarios. Entre otras cuestiones, han lamentado que sólo haya habido una “declaración de intenciones sin ninguna propuesta concreta”, como ha reconocido la portavoz del Grupo Socialista en dicha comisión, Pilar Grande.

En este sentido, la diputada socialista ha lanzado una serie de “preguntas fáciles” para saber “si la cartera de servicios básicos anunciada va suponer un recorte de prestaciones, si va a excluir fármacos de su nuevo modelo de prestación farmacéutica o si apoyará el proyecto de ley de muerte digna”.

Además, ha criticado que “la libre elección puede enmascarar una privatización encubierta” y ha recordado a Mato que el calendario vacunal único ya lo establece la ley de Salud Pública mientras que el Pacto por la Sanidad anunciado este miércoles ya intentaron firmarlo en esta Cámara pero finalmente fue “boicoteado” por el Grupo Popular.

Por otro lado, el Grupo Socialista, al igual que otros como PNV o IU, han criticado que en su primera intervención Mato no haya mencionado cómo se va a llevar a cabo la reforma de la ley del aborto, algo que para el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, conlleva un “deslizamiento de las competencias sanitarias al ámbito de la justicia”, dejando a Sanidad competencias “marginales”.

Para el diputado de ERC, Joan Tardá, esta medida puede hacer “volver a la década de los ochenta” y a que “nuestros hijos tengan que ir otra vez a Londres” a abortar.

Por su parte, la diputada de CiU, Conxita Tarruella, ha reprochado a la ministra que quiera “perder el tiempo” e impulsar una única tarjeta sanitaria “cuando ya tenemos el DNI”.

Respondía así a la intervención del secretario de Estado británico para Europa, David Lidington, quien ha reiterado este miércoles en Madrid que Londres no aceptará un cambio en el estatus de Gibraltar ni tan siquiera participará en ningún proceso de negociaciones con España en la materia a no ser que los gibraltareños den su consentimiento.

García-Margallo ha afirmado minutos después ante la prensa que las la postura de Londres contraviene “absolutamente” tanto el Tratado de Utrecht por el que España cedió a la Corona británica la ciudad de Gibraltar como el Proceso de Bruselas, marco bilateral de discusión creado en 1984 por los dos países para abordar la disputa sobre la soberanía y que permanece congelado desde 2002.

El jefe de la diplomacia española ha revelado que hablará del tema con Lidington este mismo miércoles, a pesar de que solo estaba previsto que el secretario de Estado británico fuera recibido por su colega español, Iñigo Méndez de Vigo.

En declaraciones a los periodistas, tras presentar junto a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y al presidente de La Rioja, Pedro Sanz, el XVII Congreso Nacional del PP, Arenas se ha pronunciado así tras ser preguntado por el hecho de que la Agencia IDEA haya abierto un expediente al actual director general de Mercasevilla, Manuel Blanco, por sustraer información referente al caso de los ERE, que posteriormente fue usada por el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, en comparecencias antes la prensa.

Sobre este asunto, también se ha pronunciado Cospedal, quien ha considerado “bastante sorprendente” que el Gobierno andaluz trate de “matar al mensajero cuando sabe que el mensaje es verdad”. La dirigente ‘popular’ ha aprovechado para pedir a los candidatos a la Secretaria General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón, que expliquen este fin de semana en Sevilla, durante el Congreso Federal del PSOE, “qué hay detrás de la gestión de los ERE”.

“A partir de ahí, la democracia tiene una regla fantástica”, ha dicho, y es que cada militante vota en conciencia “y estoy convencido de que cada uno de ellos va a votar lo que cree que es mejor para el PSOE”.

Pérez Rubalcaba, flanqueado por el secretario regional del PSOE, José María Barreda, y el alcalde de Toledo y secretario provincial del partido, Emiliano García-Page, se ha pronunciado así, a preguntas de los medios, tras mantener un encuentro con los delegados y dirigentes socialistas de Castilla-La Mancha.

Según ha dicho, durante estos días se ha reunido con muchos militantes que le han trasmitido su orgullo por pertenecer al PSOE, un partido “que está vivo, que es consciente de que la situación por la que atravesamos no es fácil, es difícil” y “de que hemos tenido malos resultado electorales” y hay que pensar “qué hacer para volver a conseguir confianza”.

“El PSOE no es un partido con brazos caídos ni resignado sino un partido dispuesto a trabajar con humildad, sabiendo que hay cosas que hemos hecho mal, pero con principios que seguimos pensando que solo el PSOE puede defender”.

El candidato socialista se ha mostrado dispuesto a “insistir en esta idea” hasta el final de campaña, punto en el que ha agradecido todo el trabajo de reflexión realizado y el trabajo de los militantes de base.

“SERVIR A LOS ESPAÑOLES”

Finalmente, y consciente de que los delegados votan en secreto y “por tanto nadie sabe lo que van a hacer”, Alfredo Pérez Rubalcaba se ha mostrado dispuesto a “servir ante todo a los españoles” y a los ciudadanos progresistas “en un momento especialmente difícil como es el que atravesamos”.

Respecto a la postura del presidente de la Junta de Andalucía y secretario general del PSOE de Andalucía y presidente del Congreso del PSOE, José Antonio Griñán, Pérez Rubalcaba ha dicho que las declaraciones que le ha oído están “muy puestas en razón” y que hasta ahora, “es lo que he oído”.

“Está previsto que, tras una tramitación urgente de las convocatorias, las primeras ayudas puedan estar pagadas en la segunda mitad de febrero con efectos retroactivos al 14 de diciembre”, destacó durante su comparecencia en el Congreso, donde recordó que la cuantía “potencial” asciende a nueve millones de euros.

El ministro avanzó que en el marco de la Política Pesquera Común exigirá a Bruselas una acción política “más decidida y comprometida” en materia de acuerdos bilaterales con países terceros.

En este sentido, manifestó su compromiso con la “pronta aprobación de un nuevo mandato de negociación que conduzca a la reanudación” del pacto con Marruecos.

Igualmente, hizo hincapié en la importancia del convenio con Mauritania, país al que tiene previsto viajar el titular del ramo durante el mes de mayo para avanzar en esta materia.

Ello significa, según ha explicado, que las entidades que requieran esta asistencia deberán presentar un plan de reestructuración al Ejecutivo comunitario y lograr su autorización. La Comisión debe verificar que las ayudas se limiten al mínimo necesario y podría imponer condiciones, por ejemplo desinversiones, para limitar las distorsiones de competencia.

“En la medida en que el Gobierno ha anunciado su intención de no dar ayudas públicas que tengan repercusión en el presupuesto, pues eso limita pero no elimina la necesidad de presentar aquí las correspondientes notificaciones siempre que existan recursos que son considerados ayuda de Estado implicados en la reestructuración”, ha dicho Almunia.

“Los recursos que el FROB ponga o que el fondo de garantía de depósitos pueda poner al servicio de la reestructuración de entidades financieras en España son considerados ayuda de Estado”, ha resaltado el vicepresidente.

Según ha trascendido, el Gobierno prevé que el FROB emita deuda para financiar al Fondo de Garantía de Depósitos, que prestará a los bancos que no tengan capacidad de hacer las provisiones necesarias para sanear su cartera de activos inmobiliarios. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha cifrado el total de provisiones necesarias en 50.000 millones de euros.

Almunia ha desvelado que se reunió con De Guindos la semana pasada y que éste le presentó “las intenciones del Gobierno, pero no los datos concretos”.

El Ejecutivo comunitario ha recibido ya el plan de reestructuración derivado de la adquisición de la CAM por parte del Banco de Sabadell y está a punto de empezar a examinar el de Unnim, según ha desvelado el comisario de Competencia. Además, espera los planes para otros tres casos: Banco de Valencia, CatalunyaCaixa y Novacaixagalicia.

“El señor letrado” -en referencia al abogado de Matas, Antonio Alberca- “es muy libre de sentirse alarmado por el lugar físico que la citación de su defendido como imputado ocupa en el auto recurrido”, señala el magistrado en su resolución judicial, en la que asevera que “también es muy libre de hacer las conjeturas que tenga por conveniente, al igual que le asiste el derecho de hacer valer cuantas exculpaciones crea oportunas”.

Unas exculpaciones, que, sin embargo, “no habrán de surtir en este momento procesal el efecto pretendido, reconduciéndose al absurdo pretender que a don Jaume Matas se le cite para recibirle declaración en calidad de testigo”, expone el juez en su auto, al que ha tenido acceso Europa Press.

Cabe recordar que, en su recurso, el expresidente balear recriminó la ausencia de imputación de “altos cargos valencianos” en esta pieza y puso de manifiesto que estas personas firmaron, al igual que él, contratos con la fundación entonces presidida por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin.

En clara alusión al vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, la defensa aseveraba que el papel que desempeñó Matas como presidente de Baleares en relación con los acuerdos comerciales con Nóos “fue exactamente el mismo que en la Comunidad Valenciana tuvieron sus responsables políticos, que actuaron del mismo modo y que no han sido imputados por el instructor, hasta el punto de que quien firmó los contratos ha sido citado como testigo”.